El Gobierno boliviano amenazó con penas de cárcel a las personas que violen el decreto que obliga a partir del 1 de enero de 2022 a presentar carnet de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para ingresar a reuniones o cualquier otro lugar donde haya aglomeración y den positivo a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
«Si una persona es encontrada en un local sin carnet de vacuna contra la COVID o sin su prueba PCR, será sometida a una prueba COVID (…), si da positivo será procesada penalmente por el delito de atentado a la salud pública y eso tiene una sanción de hasta diez años de cárcel», dijo el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
La obligación de demostrar vacunación o prueba negativa del COVID-19 fue decretada la semana pasada por el Gobierno que preside Luis Arce y regirá a partir del 1 de enero, lo que en la práctica significará que estará vigente ya en las celebraciones de la noche de Año Nuevo.
Silva hizo la declaración a reporteros en respuesta a consultas sobre el alcance de ese decreto, emitido mientras el país soporta una cuarta ola de contagios de COVID-19, en medio de protestas de propietarios de salones de fiesta y hoteles que ya promocionaban fiestas de fin de año.
La obligación de carnet o prueba PCR «no es chiste, no es una cosa que salió y, bueno, el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple (…) si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo COVID-19, estoy atentando contra la salud de los otros usuarios, por lo tanto, pueden hacerme un proceso», afirmó el funcionario.
El viceministro añadió que también serán sancionados con cárcel los administradores o propietarios de locales de fiesta donde se detecta a personas sin el carnet o la prueba de COVID-19.
La prohibición de ingreso de personas no vacunadas regirá inicialmente hasta el 30 de junio de 2022 en «instituciones públicas y privadas, bancos, iglesias, comercios de todo tipo, mercados, supermercados, universidades y centros educativos, además de lugares de entretenimiento«, así como aquellos «donde exista aglomeración», según el decreto.
La norma alcanza también al transporte interno de larga distancia aéreo, terrestre, fluvial y ferroviario.
Bolivia soporta desde hace un mes una cuarta ola de contagios de COVID-19, con un promedio de dos millares de casos nuevos en la última semana, acumulando 520.884 infecciones, incluidos 19.554 decesos, desde el inicio de la pandemia.
Con información de SPUTNIK
