En el 2022 el Ministerio de Justicia prevé grandes proyectos en su ámbito y el de seguridad, en momentos en que la detención preventiva prolongada constituye uno de los principales lastres del país, anunció el titular del sector Berto Dorcé.
«El año 2022 será un año de grandes proyectos en el ámbito de la justicia y la seguridad pública; en línea con la política penal del Gobierno, los actores de la cadena penal tienen la gran responsabilidad de hacer todo lo posible para satisfacer las aspiraciones de los litigantes», manifestó el ministro en su cuenta en Twitter.
Los desafíos son grandes para este gremio, mientras la detención preventiva prolongada afecta a más del 85 por ciento de la población carcelaria y se venció el mandato de casi el 70 por ciento de los jueces, sin que el Gobierno lo renovara.
Durante este año creció la cifra de prisioneros sin acceso a la justicia y Naciones Unidas denunció el trato inhumano de los prisioneros y señaló que la situación actual amenaza los cimientos del mismo Estado de derecho.
La situación es aún más compleja con las cíclicas huelgas de los jueces, fiscales y empleados judiciales, que paralizan el sistema, con lo cual los detenidos pueden pasar hasta una década en las cárceles sin ver a un abogado.
A mediados de este mes Dorcé reiteró que la lucha contra la detención preventiva prolongada es un eje prioritario del Gobierno de Ariel Henry y trabajan para solucionar el fenómeno.
con información de SPUTNIK
