La Policía de Colombia actuó «de forma desproporcionada» y causó una masacre que cobró la vida de 11 jóvenes que protestaban contra la institución por la muerte de un hombre dentro de una estación en septiembre de 2020, reveló un informe independiente.
«Los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaron protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial», dijo Carlos Negret, ex Defensor del Pueblo (ombudsman) y autor del informe, en la presentación del texto.
El hecho, conocido como 9S, desencadenó fuertes protestas en la capital colombiana, luego de que el taxista y estudiante de Derecho Javier Ordóñez muriera tras recibir descargas eléctricas y golpes por parte de policías.
Negret, quien dirigió la investigación solicitada por la Alcaldía de Bogotá, apoyada por Naciones Unidas, agregó que la actuación de los uniformados y el uso ilegítimo de armas de fuego causó una masacre que dejó 11 jóvenes fallecidos.
Las agresiones quedaron grabadas en video y se hicieron virales en las redes sociales.
Otra conclusión del reporte fue que los agentes cometieron estos crímenes contra manifestantes de sectores populares «creyendo que por esto los podían matar, herir y que hacerlo no tendría consecuencia alguna».
En este sentido, Negret aseguró que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública.
Las víctimas eran vendedores informales, trabajadoras domésticas, mensajeros, entre otros, de los sectores del nororiente (localidad de Suba, Usaquén), noroccidente (Engativá) y sur (Kennedy) de Bogotá, así como el cercano municipio de Soacha.
La relatoría da cuenta, además, de otros crímenes que no fueron considerados inicialmente en el marco de la protesta.
Las cifras de esas noches de terror son las siguientes: «14 asesinatos, 75 personas heridas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones, 216 miembros de la policía heridos, más de 300 ciudadanos heridos, 76 CAI [estaciones de Policía] afectados, 17 incendiados y destruidos», de acuerdo con el investigador.
La falta de subordinación de la policía a las autoridades civiles capitalinas, así como la impunidad hacia la que avanzan las investigaciones por estos casos fueron otras conclusiones del reporte.
Con información de SPUTNIK
