Naciones Unidas concluyó, en un informe sobre las protestas del llamado Paro Nacional de Colombia (abril – julio de 2021), que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales que derivó en «graves violaciones» a los derechos humanos.
«La represión de la protesta y el uso de la fuerza innecesario y/o desproporcionado por las autoridades contra manifestantes pacíficos en el marco del Paro Nacional, habrían resultado en graves violaciones a los derechos humanos», dijo el reporte denominado El paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia.
De acuerdo con el documento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, esa organización recibió denuncias de 63 muertos en las más grandes protestas antigubernamentales que haya vivido el país en décadas.
De esa cantidad, la ONU pudo comprobar 46 casos, 44 civiles y dos policías, en el marco de las manifestaciones que estallaron el 28 de abril pasado, por un proyecto de reforma tributaria que gravaba elementos de la canasta familiar en plena pandemia (que posteriormente fue retirado).
En cuanto a la autoría de los hechos, la ONU afirmó que «en al menos 28 casos, los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública», 10 «actores no estatales, mientras que en ocho casos, la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador».
El informe fue lanzado la misma semana en que una relatoría, solicitada por la Alcaldía de Bogotá y apoyada por la propia ONU, concluyó que 11 personas habían muerto en una «masacre policial» en otras manifestaciones en la capital colombiana, el 9 y 10 de septiembre de 2020, luego de que un hombre falleciera tras recibir descargas eléctricas y golpes por parte de agentes de esa institución.
Tras la presentación de esta relatoría, la cancillería expresó la «preocupación» del Gobierno por la presencia allí de su representante, Juliette de Rivero, y reiteró que las mencionadas inquietudes se debían tramitar por vías diplomáticas o, de lo contrario, significaría «un activismo ajeno a sus funciones».
Otra conclusión del informe de la ONU sobre el paro nacional fue la denuncia de violencia sexual «en contra de 60 personas, de las cuales 48 son mujeres y 12 hombres, en el marco de las manifestaciones del paro nacional».
De dichos casos, la organización verificó 16 perpetrados presuntamente por policías.
«El Estado de Colombia deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales», agregó.
El reporte también da cuenta de graves hechos violentos contra agentes estatales, así como destrucción del mobiliario público y bienes privados durante las movilizaciones.
Con información de SPUTNIK
