Diputados chilenos de la oposición anunciaron este martes que presentarán una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, vinculado, según revelaciones de los Papeles de Pandora, en la venta de la minera Dominga por parte de la empresa de sus hijos.
“Todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera”, indicó a la prensa en el Congreso Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista, flanqueado por otros parlamentarios.
La acusación constitucional busca establecer la responsabilidad de altos funcionarios públicos y, de prosperar, puede conllevar la destitución de Piñera, cuando faltan seis semanas de la primera vuelta de la elección presidencial. También podría provocar la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado, pero para que prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Piñera se encuentra en el centro de la polémica luego de que una investigación de los medios chilenos LaBot y CIPER, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), lo vincularon a la venta en 2010 de la minera Dominga a través de una empresa de sus hijos, al empresario Carlos Délano -un íntimo amigo del mandatario- por 152 millones de dólares.
Piñera y su familia habrían sellado la polémica compraventa de su participación en el proyecto, que amenaza gravemente un importante santuario natural en la zona norte del país.
De acuerdo con la misma investigación, gran parte de la operación se realizó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Asimismo, en el acuerdo se incluía una polémica cláusula que supeditaba el último pago del negocio a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”, decisión que recae en la figura del presidente chileno.
“Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad [que obliga a los funcionarios públicos tener un desempeño honesto y leal] y también por comprometer gravemente el honor de la patria”, agregó Naranjo.
“Nuestro ánimo y espíritu es que este libelo acusatorio sea presentado la próxima semana, y haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente”, declaró el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, desde el Congreso.
Piñera rechazó toda acusación y posible conflicto de interés tras confirmar que todos sus activos fueron puestos bajo un fideicomiso ciego desde su primera presidencia (2010-2014) y que fue sobreseído de cualquier delito luego de que la justicia investigó los hechos en 2017.
“Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia”, señaló además el jefe de Estado.
Los diputados presentarán la acusación constitucional la próxima semana y pretenden que sea votada en la Cámara de Diputados antes del 21 de noviembre, cuando se realice la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
De aprobarse, sería el segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por violaciones de derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad que fueron denunciadas por diversas organizaciones internacionales, las más graves desde el fin de la dictadura militar.
Por otro lado, el Fiscal Nacional, Jorge Abott, instruyó a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público indagar la existencia de posibles delitos tributarios, vinculados al tráfico de influencias o negociación incompatible.
Piñera es, junto al ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader, uno de los tres presidentes latinoamericanosen activo salpicados por esta investigación, que ha vuelto a remecer al mundo después de los Papeles de Panamá de 2016.
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