Fueron 251 feminicidios directos en 2020 en Argentina, a razón de uno cada 35 horas.
En 2019 se constataron 252. La tasa de víctimas directas de feminicidios por cada 100.000 mujeres ese año fue de 1,1, igual que en 2017 y 2018. Y que en 2016 y en 2015, año testigo de la movilización más grande contra la violencia machista que hasta ese momento hubiera celebrado el país desde el regreso de la democracia en 1983.
Datos oficiales anteriores no hay, pues el Registro Nacional de Femicidios, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, comenzó su trabajo hace seis años.
Una asociación civil fue la pionera en rastrear los feminicidios a partir de 2008, la Casa del Encuentro. Relevó el asesinato de 2.094 mujeres hasta 2015, lo que arroja un promedio de 262 feminicidios anuales.
La persistencia de esta problemática año tras año contrasta en una nación donde el feminismo se sitúa a la vanguardia. Argentina es el país en donde nació Ni Una Menos. La primera marcha de ese movimiento, en junio de 2015, fue el puntapié inicial para irrumpir en la agenda pública y visibilizar una serie de demandas que desde entonces acompañan millones de mujeres.
Feminismo pujante en Argentina
Apenas cuatro meses después de aquella manifestación, en octubre de 2015, se celebró la primera huelga feminista, con la que Argentina se adelantó al paro internacional de mujeres que se realizó desde el 8 de marzo en 2016 en adelante.
Argentina es también el país que celebra desde hace 35 años los Encuentros Nacionales de Mujeres, ahora llamados Encuentros Plurinacionales de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias.
Entre sus fundadoras están las Madres de Plaza de Mayo, que durante la última dictadura (1976-1983) marcharon por la emblemática plaza que les dio nombre, frente a la sede del Ejecutivo en Buenos Aires, para exigir la aparición de sus hijos.
De estos encuentros surgió también la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro y Gratuito, un movimiento clave a la hora de conseguir, a finales de 2020, la ley que autoriza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación. En América Latina, solo Cuba y Uruguay, además de Guyana, cuentan con una ley similar a la sancionada por el país sudamericano.
La Ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006, es otro ejemplo de la conciencia feminista que se cultiva desde hace años. La normativa requiere que los alumnos de cualquier centro educativo, sea público o privado, reciban contenidos que promuevan la valoración de las personas con independencia de su apariencia, identidad y orientación sexual.
Argentina también promulgó a finales de 2020 la ley que ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, el feminismo también se vanagloria de que el Congreso sancionara en julio un proyecto que garantiza el 1% de los cargos del sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero.
El mismo apoyo fue explícito cuando el Gobierno decretó en julio la incorporación de la letra X en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y en los pasaportes, a fin de identificar a las personas que no se reconocen dentro de la binaria categoría femenina o masculina.
Con información de SPUTNIK
