Por 120 días más seguirán suspendidas las fiestas patronales, mítines, eventos deportivos y todo tipo de concentraciones de personas que pongan en riesgo a los ciudadanos de contagiarse por COVID-19.
La diputada Rebeca Santos, de Nuevas Ideas, propuso en el pleno la moción con dispensa de trámite (sin estudio de la comisión respectiva), a un día que la Selección Nacional de fútbol se enfrente con la de México en el Estadio Cuscatlán.
También la iniciativa se aprueba a pocos días de la realización de una nueva marcha ciudadana, convocada por organizaciones sociales para el domingo 17 de octubre, contra las medidas del gobierno de Nayib Bukele.
Sin embargo, en redes sociales la Asamblea aclaró que “los eventos deportivos (…) podrán desarrollarse bajo los parámetros, la supervisión y certificación de las autoridades del Ministerio de Salud”.
El pasado 13 de julio cuando fue aprobada la iniciativa, el titular del Ministerio de Salud Pública, Francisco Alabí, dijo que entre las medidas que debían cumplirse en los tres meses que duró la disposición transitoria se encuentran: la suspensión de las Fiestas Patronales, por lo que las Fiestas Agostinas de San Salvador no se realizaron y que los juegos de la Liga Mayor del Fútbol Salvadoreño se deberían de llevar a cabo sin público.
“Esta iniciativa contiene componentes en los cuales todas aquellas entidades públicas o privadas puedan verse sancionadas penal o financieramente si llegasen a incumplir las normativas’’, expresó Alabí en ese entonces.
Sin embargo, una semana después, el 20 de julio, se reformó el decreto original y se estableció que para eventos deportivos o culturales había que cumplir medidas de bioseguridad exigibles y verificables por el Ministerio de Salud, como cantidad máxima de asistentes, control de los espacios de realización de eventos o exigencias de toma de temperatura.
Para los deportes, por ejemplo, se exigió esquema de vacunación completo para los espectadores que quieran ir a los estadios.
Alabí aclaró en su momento que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que incumpla con las medidas establecidas en el decreto, convocando, promoviendo u organizando concentraciones de personas, incurrirá en una multa de 20 hasta 100 salarios mínimos.
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