En España el conservador Partido Popular (PP), principal fuerza política de la oposición, ha propuesto que sea obligatorio proporcionar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder acceder a las redes sociales.
Lo ha hecho por medio del senador Rafael Hernando, que ha rescatado una propuesta que ya presentó en 2017 y que ahora ha tomado la forma de proposición de ley en la Cámara alta española. Se asegura que esta iniciativa no pretende acabar con el anonimato en redes, puesto que se podría seguir optando por utilizar un pseudónimo o un alias, pero serviría para que el usuario estuviera identificado por la plataforma.
Se trataría de tener herramientas más ágiles para que los Juzgados pudieran acceder a la identidad de las personas que estén acusadas de haber cometido un delito a través de las redes. Sin embargo, las instituciones ya cuentan con mecanismos para llevar a cabo esas identificaciones en el marco de una instrucción judicial.
Además, algunos expertos consideran que el riesgo que supondría sería mayor que el que se pretende evitar. Por un lado, se estima que las plataformas no tendrían posibilidad de autentificar si el documento proporcionado es real, y por otro, y más importante, una posible filtración masiva de datos, como las que ya han sucedido, dejarían mucho más expuestos a los ciudadanos que se vieran afectados.
Actualmente, la Carta de Derechos Digitales, aprobada el pasado mes de julio por el Gobierno español, establece el derecho al ‘pseudonimato’, es decir, el derecho de los usuarios a usar un pseudónimo en lugar de su nombre real. «Se permitirá el acceso a los entornos digitales en condiciones de pseudonimidad, siempre y cuando no sea necesaria la identificación personal para el desarrollo de las tareas propias de dicho entorno», recoge el texto. Al igual que sucedía antes, los usuarios podrán ser identificados por orden judicial.
Sin embargo, esta nueva iniciativa desata los temores de que se esté dando un paso más en la restricción de libertades que diferentes colectivos de activistas llevan años denunciando en España.
Con información de RT
