La Asamblea Popular Nacional (ANP) de China calificó de inventadas las acusaciones de EEUU sobre el uso de trabajos forzosos en la región de Xinjiang y se opuso firmemente a la nueva ley estadounidense sobre la prohibición de las importaciones procedentes de ese territorio, declaró la Comisión de Relaciones Exteriores de la ANP.
«El problema de los trabajos forzosos, al que se refiere esa ley, es totalmente inventado«, dice el comunicado.
Los parlamentarios chinos apuntaron que «bajo el pretexto de la protección de los derechos humanos EEUU interfiere en los asuntos internos de China».
Si Washington sigue pasando por alto la postura de China al respecto, advirtieron, Pekín «se verá obligado a tomar represalias».
El 24 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que prohíbe importaciones desde la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y estipula imponer sanciones contra los responsables de la organización del «trabajo forzoso» en ese territorio chino.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que el proceder chino con respecto a los uigures, población musulmana de esa región autónoma, podría calificarse como genocidio. Pekín rechazó categóricamente esa acusación.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en un informe publicado en agosto de 2018, denunció que hasta un millón de uigures y otros musulmanes podrían estar en los llamados campos de reeducación en la región de Xinjiang en el noroeste de China.
Según Pekín, las conclusiones de expertos independientes no corresponden a la realidad y el denominado «programa de educación y capacitación vocacional» en Xinjiang busca erradicar el extremismo religioso y la infiltración de terroristas.
A finales de marzo de 2021, los países de la Unión Europea, EEUU, Canadá y el Reino Unido impusieron sanciones a China por violar los derechos de los uigures.
Con información de SPUTNIK
