La Fiscalía General de Bolivia informó este jueves sobre la presentación de la acusación formal contra nueve personas, incluidos dos exministros de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, por una supuesta compra de material antidisturbios con sobreprecio que causó un daño económico equivalente a 2,2 millones de dólares.
La acusación del caso conocido como «gases lacrimógenos», tiene como base «37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación» para la compra de este material en los Ministerios de Gobierno y Defensa, señaló el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
«También se tiene una pericia de auditoría forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios”, señaló el funcionario citado en un comunicado de prensa de la Fiscalía.
Entre los nueve imputados están los exministros interinos de Gobierno (Interior) Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, ambos declarados «rebeldes» al no haberse presentado a declarar y quienes se encuentran fuera de Bolivia desde noviembre de 2020.
También han sido acusados otros seis exfuncionarios de estos ministerios y el representante legal de una firma privada supuestamente implicada en este caso.
Estas personas están acusadas por los supuestos delitos de «uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado», entre otros, detalló Lanchipa.
El Ministerio Público pide para los acusados una condena de 10 años de prisión y con la presentación de la acusación formal se espera que se defina fecha para el inicio del juicio, si bien hay varios acusados que se encuentran en «rebeldía».
El Gobierno de Luis Arce ha asegurado que durante la Administración transitoria se presupuestaron 5,6 millones de dólares para la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa se le cancelaron solo 3,3 millones para su adquisición, por lo que hubo un sobreprecio de 2,3 millones.
Actualmente Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de supuesta corrupción y lavado de dinero, mientras que se cree que López se encuentra en Brasil.
Lanchipa explicó que el Ministerio Público cumplió con los procedimientos que le corresponden para enviar, a través de la Cancillería, la solicitud de extradición de Murillo a la embajada de Estados Unidos.
En cuanto a López, el fiscal señaló que se pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación de la notificación roja para establecer dónde se encuentra.
Fuente: MSN Noticias
